En Contexto

En la carretera Puebla- Huejotzingo los automovilistas observan una larga fila con más 50 vehículos con agentes y piensan que seguro van por un pez gordo: son tantos policías que pareciera que se dirigen a detener a un peligroso grupo criminal de huachicoleros o narcotraficantes, o tal vez, por las dimensiones del operativo, que van a buscar a un estafador, un grupo de lavadores de dinero o por un político corrupto y prófugo como Ricardo Anaya. Pero los miles de pesos invertidos en gasolina, vehículos, pago de los agentes y los salarios de burócratas de los tres niveles de gobierno no persiguen asaltantes, tampoco secuestradores, asesinos o violadores, ni mucho menos van en busca de alguna de las 90 mil 34 personas desaparecidas y no localizadas.

El operativo no es lo que el sentido común imagina, el comando se dirige a reprimir ambientalistas al Altepelmecalli: casa de los pueblos, un centro cultural autónomo de los pueblos de la región cholulteca quienes habían habilitado este espacio para la cultura, la salud, la educación, agroecología y el cuidado de los ecosistemas de los pueblos campesinos tras tomar la empresa Bonafont del corporativo trasnacional Danone en agosto de 2021. Todo esto sucedió debido a que la población decidió poner alto a la extracción inmoderada de 1, 600,000 lts de agua diarios de los mantos acuíferos de la cuenta de los volcanes, acción que la empresa ha llevado a cabo durante más de dos décadas sin una regulación de las autoridades del estado.

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